Derrame de petróleo en Ventanilla: ¿Qué se ha logrado y cuándo se recuperará lo dañado?

Seis meses después de ocurrido el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla (Callao), en el Terminal Portuario Multiboyas n° 2, operado por la transnacional Repsol, la ciudadanía sigue esperando que se esclarezcan los hechos del que ha sido considerado el peor desastre ambiental en la historia reciente de Perú. Muchos esperan, aún, que se identifique y sancione a los responsables, se repare económicamente a los pescadores y trabajadores que perdieron sus medios de vida como consecuencia de la contaminación producida y, finalmente, que se ejecuten las acciones de remediación que permitan la recuperación del área afectada que hasta el momento abarca gran parte del territorio marino-costero de cinco distritos.

Sin embargo, de acuerdo con lo analizado por Actualidad Ambiental con diferentes actores del drama que se inició el 15 de enero pasado, el balance hasta la fecha de lo actuado por el Estado no es el que la opinión pública esperaba.

Las acciones tomadas hasta el momento se podrían reducir a la aplicación de seis multas coercitivas impuestas a Repsol por incumplir siete de las 16 medidas dictadas por Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para evitar la afectación del derrame en el medio ambiente; dos  procesos administrativos sancionadores en marcha iniciados por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) contra la misma empresa por contaminar las áreas protegidas bajo su responsabilidad; y otros tantos procesos de sanción impulsados por Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), causas administrativas que de acuerdo a ley se están llevando a cabo en estricta reserva.

A ello se suma una demanda interpuesta por el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ante el 27° juzgado civil de Lima contra Repsol por 4500 millones de dólares, por daños y perjuicios.

Cabe destacar que un informe emitido por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República encuentra responsabilidad en la compañía española y recomienda la rescisión del contrato de venta de acciones de Petroperú al consorcio liderado por Repsol.

Tiempo perdido

Según el biólogo Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana, fue lo que hicieron hasta el momento regidores, alcaldes, funcionarios públicos, congresistas, ministros y hasta del propio presidente de la República ante el desastre fue "un desfile bufo por playas y acantilados". Ello solo ha servido para dilatar plazos y decirle a la población que el problema ecológico iba a ser solucionado con celeridad.

Para Riveros, el Estado no ha sabido defender nuestro patrimonio natural teniendo en sus manos las herramientas adecuadas para hacerlo y hasta la fecha, en el tema social, no ha sido capaz de elaborar un esquema de compensación para empezar a solucionar el daño que se hizo al ambiente y a la gente.  

“Más allá de los procesos sancionadores de carácter administrativo, no tenemos nada. No se ha hecho una adecuada valorización de lo que se ha perdido.  Las respuestas de ese tipo debieron estar listas hace un mes, pero el Gobierno nos sorprendió con 90 días más de estado de emergencia. Lo mínimo que deberíamos tener es un análisis oficial que nos diga lo que hemos perdido y cuánto más o menos eso representa. Lo más cercano a un análisis así es el informe de la comisión investigadora del Congreso y ya sabemos dónde acaban estos documentos”, afirma Riveros.

Para el estudioso, la respuesta del Estado para atender la emergencia en estos primeros 180 días ha sido “escandalosamente caótica”.

“El daño ecológico no solamente ha afectado a las comunidades de animales marinos y sus valiosos ecosistemas, puso en peligro también la vida de miles de pobladores”, menciona Riveros, haciendo alusión a las huellas enormes que dejan eventos como este en la salud; recordemos que el pescado es la principal fuente de proteínas de esta población. Riveros también lamenta que el Estado no haya sido capaz de atender a los afectados, activando los sistemas de salud, educación y asistencia social que se necesitaban.

“La insatisfacción de la gente es enorme y el Estado no responde una pregunta que se escucha en todas partes: ¿cuándo vamos a volver a pescar?, ¿cuándo podremos retomar la vida que teníamos antes del 15 de enero?”, señala.

“Si no hay una respuesta clara por parte de las autoridades estatales en cualquier momento va a estallar la bomba social que se ha activado”, agrega el especialista de Oceana. En Huacho y en Chancay los afectados están desesperados y han manifestado que van a tomar la carretera o las propias instalaciones portuarias para que se atienda sus reclamos. Según un informe de Defensoría del Pueblo, tres mil vecinos de la zona cubierta por el derrame quedaron fuera del padrón de beneficiarios elaborado por Defensa Civil. Y están, lógicamente, desesperados.

Miguel Núñez, presidente de la Asociación de Pescadores, Fundadores, Armadores y Estibadores Artesanales de Bahía Blanca (ASPEFAEA) de Ciudad Pachacútec, en Ventanilla, es tajante: “Sentimos que nos están meciendo”.

Núñez dio estas declaraciones a su regreso del plantón que su organización realizó frente a las oficinas del Ministerio de Justicia en Miraflores, exigiendo que se autorice el arribo a nuestro país del relator de  la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el requisito que se necesita  para que prospere la medida cautelar que su asociación interpuso en marzo pasado para que el Estado peruano tome medidas que aseguren la provisión de alimentos, acceso a prestaciones de salud, agua potable y seguridad para los pescadores.

“En el ministerio nos dijeron que debíamos dejar el pedido en la Procuraduría. Tuvimos que ir hacia su local, allí nos comunicaron que el asunto debía verlo el Ministerio de Justicia; volvimos a ese ministerio solo para que los funcionarios que nos atendieron nos dijeran que teníamos que hacer el trámite en las oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros”, afirma el dirigente.

Los cerca de doscientos manifestantes del centro poblado de Bahía Blanca tuvieron que regresar a casa sin soluciones a sus problemas.

“Solo nos queda confiar en la palabra del Señor”, nos dijo Nuñez. Como lo comentamos en su momento, los pescadores de Bahía Blanca se han negado a recibir las compensaciones económicas, tres hasta la fecha, que Repsol ha repartido a 5555 jefes de familia afectados por la contaminación que fueron registrados en el padrón que maneja el Estado peruano, mientras no se establezca el monto indemnizatorio a recibir.

¿Y el Estado?

Mientras la desazón cunde entre los afectados y el tiempo corre a prisa, en las oficinas del Ministerio del Ambiente (Minam) la calma pareciera ser la divisa. Buscamos al abogado Julio César Guzmán, el procurador del Minam a cargo de la estrategia legal del Estado para el caso del derrame de Ventanilla. Para Guzmán, la desconfianza del público es comprensible pues la información que generan las distintas oficinas adscritas al ministerio y las demás carteras involucradas en el problema no siempre resulta la más oportuna.

“Tenemos que entender que estamos ante un caso de daño ambiental inédito en el ámbito de la justicia peruana que nos encontró, como Estado desprotegidos, con un diseño legal inadecuado, anacrónico, en las manos”, señala Guzmán.

El procurador se refiere a los vacíos existentes en la legislación que limitaron la actuación del Estado para resolver problemas de manera eficiente y con la rapidez que las circunstancias exigían. “Aun así, hemos estado muy atentos como ministerio para defender los derechos de la gente y del Estado peruano en los fueros competentes, el administrativo, el penal y el civil”, agrega.

En el administrativo, señala Guzmán, tanto OEFA, como Sernanp, Serfor y las demás dependencias públicas concernidas en el problema ambiental, han estado presentes desde el primer día de ocurrido el siniestro para hacer el control que la ley les asigna, de allí las sanciones administrativas contra Repsol que se han impuesto en las últimas semanas.

En el fuero penal, el Minam ha acompañado en todo momento a la Fiscalía para que se determinen responsabilidades. Al momento se está a la espera de dos pericias en el extranjero que determinarán los niveles de responsabilidad tanto de Repsol como de la naviera propietaria de la embarcación que realizaba la descarga del petróleo en La Pampilla. “Quien originó el daño, tiene que pagarlo”, acota el procurador.

En el fuero civil las cosas también están claras para el ministerio. Para los encargados de la defensa legal del Estado es imposible cuantificar los daños socioambientales producidos por el derrame mientras se sigan produciendo afectaciones. La procuraduría del Minam considera que la valorización de los daños resulta un punto crucial en la estrategia que se está elaborando, por ello se tomó la decisión de contratar a un equipo de especialistas del extranjero para que se encargue de realizar, después de recoger todos los elementos de prueba existente, la estimación indemnizatoria adecuada.

“Pensamos que para agosto o setiembre tendremos todos los elementos de prueba para empezar esa valorización y lograr, posteriormente, una sentencia exitosa que siente un precedente en estos casos de daños graves sobre el ambiente y las personas. ¿Plazos para obtener justicia? No lo sabemos, tenemos que ser cautos. Lo que sí me queda claro es que vamos a ganar, vamos a obtener justicia”, concluye.

Ciento ochenta días después de producido el derrame en Ventanilla, la ciudadanía sigue esperando que se sancione a los responsables y se repare lo que se perdió mientras que el Estado continúa recogiendo evidencias para llevar adelante un proceso contencioso que podría demorar varios años en cerrarse. Mientras tanto, la desazón y el malestar se amontonan en los centros poblados y caletas de pescadores del norte limeño.