Derrame de Repsol: ¿Podemos aprender de nuestros errores?

• Hace 100 días, un derrame de petróleo sobre las costas peruanas levantó la alerta general del país. Esto, no solo por la terrible afectación sobre nuestra fauna marina y espacios naturales, sino por la poca capacidad de gestión del Estado para buscar soluciones y la lenta respuesta de la empresa.
• Por ello, Actualidad Ambiental analizó otros casos similares al derrame sobre nuestro litoral. Recogimos información y conversamos con expertos. La premisa es simple: aprender para que la tragedia no se repita.

Escrito por: Nicole Gonzales 

En base a una investigación de Grecia Medina, Diana Ramires, Valeria Torres, María Paz Neyra y Gabriela García. 

El derrame de petróleo ocasionado por Repsol sobre el mar peruano fue calificado en su momento, por la Cancillería peruana, como “el peor desastre ecológico en Lima”. El suceso fue repudiado por diversas instituciones, no solo por el daño ambiental producido, sino por la lenta respuesta de la empresa. Pescadores, vecinos afectados y miles de peruanos lamentaron las consecuencias de esta tragedia sobre nuestros recursos marinos y espacios naturales. En ese contexto, las críticas al Estado tampoco se hicieron esperar. 

Frente a este panorama, es necesario hacer una revisión del pasado y recordar qué otros derrames de petróleo se han desarrollado a lo largo de la historia. Ello, a fin de conocer y comparar similitudes y diferencias con el caso de Repsol, además de tener presente las afectaciones que estos desastres producen en el ecosistema y, así, procurar que no se vuelvan a repetir. 

1. ¿Qué sucedió en el derrame de Repsol? 

El 15 de enero de este año, el país fue testigo de una de las mayores catástrofes ecológicas en el litoral peruano. La Refinería La Pampilla, operada por la empresa Repsol, registró un derrame de petróleo. Sin embargo, inicialmente y por varios días, se mantuvo la incertidumbre sobre la cantidad exacta de barriles vertidos en mar peruano. Primero, la cifra llegaba solo a un dígito. Después, se comunicó que fueron 6000 los barriles derramados. Días después, el Ministerio del Ambiente anunció que la cifra habría sido de 11 900 barriles. 

El petróleo contaminó 17 playas (desde Ventanilla a Chancay) y 2 áreas protegidas: Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y la Zona Reservada de Ancón. Asimismo, la fauna silvestre (aves y otras especies contaminadas y muertas) y los pescadores artesanales de Lima y Callao también fueron afectados directamente por este desastre ambiental, pues, para los últimos, la pesca es su principal medio de subsistencia.

2. ¿Cómo respondió Repsol?

Frente a lo sucedido, las primeras comunicaciones de Repsol minimizaron el hecho, aludiendo que el derrame fue ocasionado por un fenómeno marítimo imprevisible: la erupción volcánica en Tonga. En una primera aparición, la gerente de comunicaciones de la empresa, Tine van den Wall Bake, negó que fueran responsables del desastre ambiental. Luego de los primeros días de conocerse lo sucedido, la información que brindó Repsol -sobre la cantidad de combustible vertido- fue inexacta e, incluso, se buscó mitigar los daños. 

Las primeras imágenes de los trabajos de limpieza causaron mayor preocupación: el personal encargado solo contaba con recogedores y escobas, situación que, puso en duda, nuevamente, los supuestos protocolos de la empresa transnacional ante casos como el ocurrido en el litoral peruano. Tiempo después, Repsol se comprometió a indemnizar a los pescadores afectados, además de informar sobre los avances de limpieza. 

Sin embargo, a más de dos meses del derrame, las denuncias continúan sustentadas en que aún existen muchas zonas donde no se han realizado labores de retiro del crudo, además de una gran cantidad de dudas por los daños al fondo marino.

Foto: Diego Pérez / SPDA

3. ¿Qué hizo el Estado peruano?

Hasta el 17 de marzo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sumó 4 multas impuestas a Repsol por incumplir el retiro de petróleo en áreas protegidas. Actualmente, tres multas ya fueron pagadas. Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) inició el primer procedimiento de sanción cuando constató que el reporte entregado por Repsol contenía información inexacta sobre el volumen de hidrocarburos derramado y la extensión del área afectada. Esta sería la primera de una serie de sanciones que el organismo impondría.  

Asimismo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) impuso la multa más alta (hasta 10 mil UIT), debido a que el derrame afectó dos áreas naturales protegidas: la Zona Reservada de Ancón y la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. A dos meses del derrame, Serfor anunció un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa. Semanas antes, esta misma institución hizo público un acuerdo con la empresa, a través de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Lima y con el Patronato del Parque de las Leyendas, para evaluar, rehabilitar y reincorporar a los animales afectados por el derrame. 

En declaraciones al portal France 24, Carol Mora, directora del programa de Política y Gestión Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), indicó que, además de la clara responsabilidad de la empresa, “sí debemos decir que ha habido una respuesta tardía del Estado, que demoró casi una semana en emitir la declaratoria de emergencia ambiental. No hubo un protocolo de actuación del propio Estado frente a un escenario como este”. 

Asimismo, destaca Mora, “hay un sistema de cierta impunidad en el que las multas administrativas que reciben las empresas por infracciones ambientales se pueden impugnar casi ilimitadamente. Las multas, ciertamente, no devuelven lo perdido, pero pueden ser emblemáticas para que se internalice la seriedad del asunto”.

Foto: Diego Pérez / SPDA

4. Casos similares y cómo se manejaron

5. Para no repetir los errores

Para Jean Pierre Araujo, director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la SPDA, “lo sucedido con motivo del derrame nos muestra que, a pesar de los avances realizados en los últimos 15 años en materia ambiental (a nivel institucional y regulatorio), aún tenemos una agenda importante por desarrollar”.

Araujo también se refirió a la publicación 11 propuestas normativas para evitar una nueva catástrofe ambiental de la SPDA, donde se advierte la importancia de mejorar los niveles de respuesta oportuna a emergencias con  protocolos efectivos y de respuesta rápida ante derrames de hidrocarburos, así como la necesidad de  contar con un financiamiento frente a los impactos generados por accidentes o incidentes ambientales del sector hidrocarburos hacia espacios marinos. 

El especialista de la SPDA también comentó el accionar de cada institución en estos tres meses, destacando la agilidad y celeridad del OEFA, así como las labores de acopio de medios probatorios y elementos para iniciar procedimientos, como son los casos del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). En el lado negativo se encuentran la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) y el Ministerio de la Producción (Produce) por la poca comunicación.

Finalmente, independientemente de las sanciones que puedan imponer las entidades estatales, se busca que las empresas asuman mayor nivel de responsabilidad con el medio ambiente. De esta forma, la prevención de derrame solo se logrará si las empresas cuentan con las barreras de contención dispuestas cuando se descargue crudo en terminales e incluyan el enfoque ambiental como prioridad.